La segunda mitad del siglo XVIII, había presenciado el espectacular salto en los modos de producción, que significo la aplicación del vapor como fuerza motriz que, sumado a otros descubrimientos, permitió nacer la Revolución Industrial. Fue el paso del taller a la gran fábrica.

El epicentro de este proceso fue Inglaterra que, en pocos años combinando el potencial con una gran fuerza marítima, se convirtió en una nación hegemónica.

Pero este camino ascendente se frustra primero, por la independencia norteamericana, que clausura sus fronteras al comercio libre para defender su naciente industria. Y luego, el cierre de los puertos europeos a las manufacturas británicas que llevaba adelante Napoleón. Las invasiones a Buenos Aires en 1806 y 1807, son un intento de encontrar nuevos mercados para esa producción.

Asimismo, el comienzo de la guerra entre España y Francia en 1808, convierte a Gran Bretaña en aliada de España, pero como según Disraeli «Inglaterra no tiene amigos permanentes sino intereses permanentes»,

parte del precio que se paga por la ayuda a España, es el tratado del 14 de enero de 1809, mediante el cual Inglaterra empieza a introducir mercaderías en América, hiriendo de muerte al ya agonizante monopolio español.

Los gobiernos revolucionarios (luego de algunas vacilaciones iniciales) profundizan esta tendencia librecambista. Mariano Moreno, que en general adhiere a esta filosofía, ve rápidamente los riesgos de una apertura indiscriminada y advierte: «El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo, aprendamos las mejoras de la civilización, aceptemos las obras de su industria(…) miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas, en medio del embelesamiento que les había producido los chiches y abalorios».

En medio del tembladeral político y el descalabro económico que generan las luchas civiles y la guerra de la independencia que recién finalizaría en 1824, nuestro país contrae su primera deuda externa bajo condiciones escandalosas; curiosamente en el mismo año en que se sella nuestra independencia política con la batalla de Ayacucho.

El circuito económico que durante siglos vinculó al noroeste argentino con el Alta Perú se interrumpe a partir de 1810 y las mercaderías importadas que entrando por el puerto de Buenos Aires invaden el país, estrangulan aún más las economías regionales ahondando el enfrentamiento entre el Puerto y el Interior.

A pesar de algunas medidas aisladas, (ejemplo: decreto de Fomento a la Inmigración e Industria del 4/9/1821), el primer serio de consensuar una posición favorable al proteccionismo, lo realiza el representante de Corrientes Pedro Ferré, en el encuentro para la firma del Pacto Federal de 1831, convocado por Juan Manuel de Rosas.

El delgado bonaerense, Rosas y Patrón, se opone asumiendo una postura aperturista que hace fracasar el proyecto correntino. No obstante, cuatro años más tarde, cuando la relación entre las provincias federales está consolidada y Rosas es el virtual Jefe de Estado Nacional por delegación de las provincias, promulga el 18de diciembre de 1835 la Ley de Aduana.

Esta medida incorpora las ideas básicas de Ferré y apunta a proteger los rubros más activos de la industria de la época sin discriminar regiones.

Por ejemplo: gravando con recargos del 35 por ciento a los coches y zapatos importados; se prohibía introducir ponchos, fajas, artículos para caballería (de uso masivo); recargos del 35 por ciento a productos textiles; prohibida la importación de productos de limpieza y tocador; los de huerta iban del 24 por ciento a la prohibición total; azúcar, 24 por ciento; bebidas alcohólicas entre el 35 y el 50 por ciento; quesos y frutas secas, el 35 por ciento. Las exportaciones promediaban un 4 por ciento del recargo y un bajo gravamen las importaciones de Chile y Uruguay. El 31 de agosto de 1837 (completando la ley de 1835) se prohibe totalmente la exportación de oro y plata.

El resultado de estas medidas fue una sostenida reactivación económica que a pesar de las dificultades originadas por la guerra civil (unitarios y federales), se puede traducir en las siguientes cifras que datan de 1851: IMPORTACIONES $ 10.550.000 EXPORTACIONES $ 10.663.525

En 1825 (con un régimen librecambista) la relación había sido de 8 millones de pesos de exportaciones, aproximadamente.

Comenzaba a integrarse un mercado interno que se apoyaba en sectores productivos de capitales nacionales generando más empleo, consumo y aumento del circulante.

Después vino la batalla de Caseros y empezó a escribirse otra historia. El análisis de los aspectos políticos de la era rosista escapan al objeto de este trabajo. Pero no debemos olvidar que siempre hay una correspondencia entre las decisiones políticas y los hechos económicos. Cuando no es así, es porque algo puede andar profundamente mal en el país.

Por Ángel Pizzorno