Aunque remita a una imagen del Pleistoceno Inferior, todos recordamos los picaditos de Menem en la Quinta de Olivos cuando se juntaban a jugar funcionarios, deportistas, famosos en general: se inauguraba así -junto a otros modos, rumbos económicos y pinceladas kitsch- ese empaste de política, deporte, farándula, que caracterizaría esa época noventosa.

Mauricio Macri saltó a la política no tanto desde el mundo empresario, ni como “hijo de”, o víctima de un borroso secuestro extorsivo, ni de las revistas que lo mostraban junto a bellas parejas famosas. Fue después de dirigir uno de los clubes de fútbol más populares de la Argentina.

Será por eso que cuando llegó a la Presidencia de la Nación (hecho todavía incomprensible que la historia se encargará de descifrar –ponéle-), no abandonó esa pasión a la que tanto le debía y la llevó a su cotidianidad, a los discursos, a los foros internacionales, a un toma y daca vergonzante con líderes mundiales. El fútbol era su referencia, un favorito recurso retórico remanido,  impostado gesto de sentido del humor –para él, no festejado por casi nadie- en agendas locales, actos, inauguraciones, giras por el mundo y, recientemente, el que le inspiró el título de su libro. 

No debiera extrañar entonces que, entre 2015 y 2019, el deporte encarnara una de las improntas de su gestión: combinar trabajo con fútbol, tenis, pádel, golf… Lo de trabajo continuado, en él, está por verse…

Macri utilizó la quinta de Olivos como base de operaciones para reunirse con jueces y fiscales que, mientras jugaban al pádel o comían en el chalet presidencial, por el que también transitaban periodistas y dueños de medios, se orquestaba una persecución judicial y mediática de tamaño colosal con el objetivo de distraer la atención sobre el plan económico que implementaban, entre otros latrocinios.

Los ingresos de Borinsky, Hornos y otros jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante la era Macri surgen del registro que lleva la Casa Militar que resguarda la residencia presidencial.

El análisis de los ingresos, revelado en las últimas semanas, exhibe de forma descarnada la trastienda del uso de la Justicia para la persecución de opositores. Gustavo Hornos admitió que fue a la Casa Rosada porque tenía una relación “social” con Macri, mientras que Mariano Borinsky dijo que iba a jugar al pádel. En síntesis, ni siquiera fueron a una reunión oficial en la oficina del Presidente, sino que se trató de encuentros extraoficiales, lo que  evidencia  una alianza «natural», «normal», contra opositores no alineados con el gobierno de Macri. A nivel mundial debe haber muy pocos antecedentes de semejante escándalo.

Borinsky y Hornos, ambos miembros de la Cámara Federal  de Casación Penal, cerraron la causa del Memorándum con Irán que instruyó el juez Daniel Rafecas y que dictaminó que no existía delito. Entonces lo hicieron como integrantes de la Sala I. Pero después, mediante una burda maniobra a través de una llamada grabada en forma clandestina, reabrieron la misma causa como integrantes de la Sala IV. Y no reconocieron la conexidad, no dijeron que era la misma causa que la de Rafecas, por lo que correspondía darle la instrucción judicial otra vez a Rafecas. Sin explicar nada, permitieron que el expediente lo instruyera Bonadío quien, por supuesto, se salió de sus cabales y procesó a todos por traición a la Patria, delito que no se usaba desde 1955.

Ese procesamiento derivó en que Estados Unidos le cancelara la visa al fallecido canciller Héctor Timerman, lo que retardó su tratamiento contra el cáncer terminal que padecía. Además, se usó ese mismo expediente para meter presos a varios dirigentes opositores, entre ellos Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, pero también hubieran ido a prisión CFK de no ser senadora (sus pares no permitieron el desafuero) y el propio Timerman, que no llegó a estar entre rejas por su situación de salud.

Todas las visitas coinciden (o anteceden) con armados, imputaciones, denuncias contra opositores políticos, titulares de medios o empresarios vinculados (dólar futuro, Indalo, ruta del dinero K, condena a Milagro Sala, obra pública en Santa Cruz, Alejandro Vanoli, José Sbatella, Amado Boudou, ley del Arrepentido en la causa de las fotocopias, rechazo a las quejas interpuestas por Lázaro Báez).

Esas escandalosas visitas a la Casa Rosada y a Olivos de jueces y fiscales anticipan una tormenta de recusaciones contra los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y también pueden acarrear recursos de revisión de determinados fallos, porque ambos magistrados debieron inhibirse de intervenir por registrar amistad con una de las partes, en este caso el Poder Ejecutivo, que intervenía a través de distintos organismos.

Lo que está pasando es idéntico a lo ocurrido en Brasil donde finalmente la Justicia dijo que el juez Sergio Moro –paseado en la Argentina de la mano de Ricardo Lorenzetti y Claudio Bonadío– fue parcial y que todo el proceso estuvo viciado. En el país vecino descubrieron las llamadas entre el juez y los fiscales y otras numerosas irregularidades. En la Argentina lo que sale a la luz son las llamadas de Fabián Rodríguez Simón –Pepín-, operador de Mauricio Macri, con jueces, fiscales, camaristas y dos integrantes de la Corte, y los encuentros amistosos –y reservados– de varios de ellos con el Poder Ejecutivo.

Las visitas de Borinsky coinciden en varias oportunidades con la presencia en la Quinta de Olivos de integrantes de la Mesa Judicial de Macri, como el viceministro de Justicia Santiago Otamendi, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas o el asesor todoterreno José Torello. También con otros miembros del gabinete e incluso comunicadores.

Esta información, hasta ahora desconocida, revela el grado de involucramiento de Macri con el máximo tribunal penal del país, por el que pasan todas las causas avanzadas en Comodoro Py. No hubiera habido un juez como Claudio Bonadío, tan dañino, sin Borinsky y Hornos como sus superiores. Si Bonadío fue a Olivos tuvo la precaución de no figurar en el registro de ingresos.  Borinsky y Hornos dejaron los dedos marcados repetidas veces.

Como si todo eso fuera poco, el propio Borinsky fue uno de los dos jueces que decidió en febrero pasado que la causa del espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas de Zamora –y preocupa a Macri- pase a los tribunales de Retiro.

Para colmo, el macrismo impulsó una grotesca causa judicial con la noticia falsa de que el juez Sebastián Casanello había estado en Olivos una vez. La mentira la armó la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través de un exfiscal, contratado por la AFI, Eduardo Miragaya, quien a su vez recurrió a dos testigos falsos que ya reconocieron la mentira y fueron condenados por falso testimonio. Hubo tapas y tapas y tapas de diarios y zócalos televisivos porque Casanello habría ido una única vez a Olivos y, en cambio, los camaristas de Casación iban en forma habitual.

Están registrados los días, los horarios, el tiempo de permanencia y ¡el deporte que practicaban!

Las visitas a Olivos explican algunos de los hechos más grotescos de Comodoro Py. En la causa del Memorándum la tropa que iba a Olivos y a la Rosada impidió una prueba elemental: que declarara el secretario general de Interpol, Ronald Noble, quien siempre afirmó que la denuncia era falsa.

El Código sostiene que un juez puede ser recusado cuando hay sospechas de parcialidad. Y esas visitas exhiben un vínculo clarísimo con una de las partes: el gobierno de Macri. Hay incluso una acordada de la Corte que dice que cuando un juez recibe a una de las partes tiene que notificar a la otra. Acá, la relación la mantuvieron en secreto, escondida.

La construcción del lawfare también tenía en vista el calendario electoral. El ejemplo de la reapertura de la falsa denuncia de Nisman contra CFK es claro. Desestimada en todas las instancias judiciales, fueron Borinsky y Hornos los que lograron reabrirla el 29 de diciembre de 2016 y entregársela a Bonadío para que el tema siguiera en las tapas de los diarios en el siguiente año electoral.

Justicia Legítima es una Asociación Civil que reúne a personas de distintos espacios comprometidas en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina.

Con la recuperación de la democracia, muchas instituciones han modificado su estructura y prácticas de trabajo. La justicia, sin embargo, se ha mantenido al margen de todo ese proceso, reproduciendo un discurso hermético, endogámico y corporativo.

Justicia Legítima impulsa una justicia independiente y transparente, que permita reconciliar a la justicia con la ciudadanía, interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las transformaciones sociales.

Al conocerse las últimas semanas la información sobre las reiteradas visitas de jueces y fiscales a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, Justicia Legítima emitió un comunicado, donde –entre otros conceptos- sostiene:

“La situación descripta reviste una gravedad institucional extrema, ya que conlleva una ruptura grosera del principio de división de poderes, al revelar una vinculación espuria y de sujeción del sistema de Administración de Justicia al poder político, económico y mediático, colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores, eliminando así el último resguardo de esa ciudadanía frente a la arbitrariedad en cualquiera de sus formas.”

Más allá de ese 10 o 15 por ciento politizado, informado conectado, no creo que la justicia sea una preocupación para la sociedad frente a la inflación, el empleo, hoy la pandemia y el aislamiento.

Sin embargo, es impensable una sociedad sin justicia, porque es el principio que establece que hay que darle a cada uno lo suyo. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Nada menos.

por Licenciada Alicia Muzio

“Hubo errores del anterior Gobierno, que en vez de sanear realmente la Justicia hizo determinados acuerdos», dijo la ex diputada Elisa Carrió y confesó la existencia de una mesa judicial que operó bajo órdenes del Poder Ejecutivo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La líder de la Coalición Cívica estaba opinando sobre regreso del juez Eduardo Farah a la Cámara Federal porteña –de la que se había ido en 2018 por presiones del gobierno macrista–, cuando subrayó que «al juez Farah había que destituirlo y hacerle juicio político por la decisión que tuvo con Cristóbal López. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio, qué hizo la mesa judicial? Negoció a través de Javier Fernández –integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN)– que vaya a otro juzgado, y entonces ahora puede volver».