Los gobiernos de facto argentinos de la última mitad del siglo XX, incurrieron en una práctica cuyos efectos se manifestaron por años sobre toda la sociedad: la militarización de las fuerzas de seguridad. Las distintas dictaduras, a veces en el marco del Estado de Sitio y otras sin que existiera medida de excepción alguna, colocaban las fuerzas policiales bajo su control operativo para reprimir cualquier disidencia política o protestas sociales y sindicales. Esta tendencia se agravó durante el período 1976-1983, cuando en la primera etapa del gobierno militar se registra la mayor cantidad de detenidos-desaparecidos y ejecuciones sumarias apoyadas en el argumento de la lucha antisubversiva. Gran parte de los presuntos enfrentamientos que los uniformados libraban contra los supuestos “subversivos”, no eran más que ejecuciones sumarias de detenidos.

En los informes realizados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CoNaDeP) en 1984, abundan los testimonios que involucran a personal e instalaciones policiales (los denominados pozos) en esa represión ilegal. Los especialistas en temas de seguridad a partir de la restauración de la democracia sostienen que la horizontalización de la violencia y el uso abusivo de la fuerza ordenado por el poder militar a las instituciones bajo su mando, consolidaron una cultura autoritaria en muchas estructuras policiales de distintas jurisdicciones.

En paralelo con la consolidación del régimen democrático y la libertad de expresión que este establece, comienzan a conocerse casos de violencia policial contra civiles en diferentes circunstancias, que van desde golpizas y malos tratos y detenciones ilegales hasta torturas y ejecuciones que los uniformados solían denunciar como enfrentamientos con delincuentes. La cantidad de víctimas en esos presuntos tiroteos crece a tal punto que la calle comienza a calificar a los policías involucrados en esos episodios, como los “gatillo fácil”, por la frecuencia y la impunidad con que esos hombres hacían uso de sus armas.

La lista de hechos se fue extendiendo con el correr de los años y algunos casos alcanzaron trascendencia nacional y hasta repercusiones en el exterior.

En los años noventa se registraron episodios como la desaparición del estudiante platense Walter Bulacio, atribuido a policías bonaerenses y que mereciera una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la muerte del joven Sergio Schiavini cuando tomaba un café y fue alcanzado por los disparos de policías que intentaron frustrar un asalto en Lomas de Zamora. Los agentes fueron absueltos por la justicia argentina pero el organismo interamericano consideró que la muerte del muchacho devino de “un uso excesivo de la fuerza de los agentes policiales”; Damián Rosende de 19 años, fue muerto en un colectivo por un suboficial de la Prefectura Naval en circunstancias idénticas a las de Schiavini pero en Avellaneda; Miguel Bru, torturado y asesinado en 1993 en una comisaría de La Plata; hubo condenados pero sus restos nunca aparecieron. Otro caso paradigmático fue el de Carla Lacorte. Una estudiante y militante por los Derechos Humanos, que en junio de 2001 fue herida en Quilmes por un policía en un hecho similar a los que segaron la vida de Schiavini y Rosende, pero en este caso, la víctima quedó parapléjica y su victimario fue absuelto. En la “masacre de Budge ” una patrulla bonaerense fusiló a cuatro jóvenes que minutos antes habían discutido con un vecino; no hubo enfrentamiento. En

Floresta un policía retirado ejecutó a tres adolescentes que habían hecho comentarios adversos a la represión en Plaza de Mayo, dos días antes de la renuncia del presidente Fernando De La Rua.

La lista es interminable y en las imputaciones aparecía entonces y frecuentemente a la cabeza, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entre los organismos de derechos humanos que hicieron un seguimiento más estricto de los hechos violentos que involucran a miembros de fuerzas de seguridad, está la Comisión contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Esta entidad en su informe a fines de 2004, aseguraba que sólo en ese año los uniformados mataron a 131 personas en distintos episodios. El total de civiles muertos por agentes de seguridad entre 1983 y 2004 sería según la misma fuente, de 1.684. De la misma investigación se desprende que el 70% de las víctimas tenían entre 14 y 25 años y que el 30% de esos decesos se registraron en comisarías y cárceles. Las cifras son en sí mismas abrumadoras y dan una idea cabal de la dimensión del problema; pero aunque la Fuerza que durante muchos años estuvo en la picota fue la bonaerense, los hechos de “gatillo fácil” se extienden a Santa Fe, La Pampa, Catamarca, Mendoza y otras provincias, ofreciendo un mapa de violencia institucional que abarca prácticamente todo el país.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el policía bonaerense Luis Chocobar vestido de civil, baleó por la espalda y mató a un delincuente que huía después de herir y robar a un turista. El uniformado fue felicitado por el presidente de la Nación y su ministra de Seguridad, Patricia Bulrich.

La acción, legitimada luego por la Resolución N° 956 / 2018 se la conoció como la “Doctrina Chocobar”. El uniformado recibió una condena de dos años de prisión en suspenso y el nuevo mandatario a partir de diciembre de 2019, Alberto Fernández, derogó la normativa que había sido repudiada por amplios sectores sociales y políticos. Pero sin duda el cierre dramático del año 2021 tuvo que ver con el brutal asesinato del menor Lucas González, asesinado por una brigada policial en el barrio porteño de Barracas, en un accionar típico de la operatoria “gatillo fácil”. En éste caso, todos los policías involucrados y sus encubridores, están bajo proceso judicial.

Siguiendo en el ámbito capitalino, la mencionada entidad, CORREPI, denunció que entre 2016 (año de la creación de la Policía de la Ciudad) y 2021, se registraron en CABA 121 muertes a manos de la policía porteña y que fueron considerados casos de “gatillo fácil”.

La solución y así lo entienden los gobernantes de distintas jurisdicciones, aunque con diferentes perspectivas, no puede ser sino de orden político. En esa dirección se movieron la Provincia de Buenos Aires cuando en 2005 lanzó “la Bonaerense II”; un cuerpo policial con gente nueva y otra formación ética y profesional y más adelante, las policías municipales con mayor injerencia de los intendentes en materia de seguridad. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su Guardia Urbana, que dedicada a tareas de prevención, suplantó a la policía armada en tareas de control y disuasión. Finalmente cuando la Nación le transfirió recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ésta creó la Policía de la Ciudad, desligando a su homónima Federal de una serie de obligaciones urbanas.

No obstante, la reiteración de esas situaciones en la dilatada geografía nacional, demuestra que el problema está lejos de haberse solucionado.

Gatillo Fácil: Leng. Pop. Leng. Delictivo. – Disparar un arma sin motivos.

“Pocas horas después del homicidio, dos suboficiales del Comando de Patrullas de la zona quedaron presos acusados de gatillo fácil. Y ayer su situación terminó de complicarse coincidiendo con la acusación del fiscal de San Martín José Gouzden, el juez de garantías Juan Carlos Sorondo, procesó, con prisión preventiva, a los suboficiales de la Bonaerense detenidos.”
Clarín – 23-07-04

“La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay defendió ayer el fallo del Tribunal que frenó la excarcelación de menores detenidos, y aseguró que de ser liberados se convertirían en ‘blancos móviles’ del gatillo fácil. Así lo señaló Argibay, quien dijo temer que comiencen los ‘linchamientos’, ya que ‘tenemos una sociedad esquizofrénica’, y volvió a cuestionar el proyecto político de bajar la edad de imputabilidad de los menores. ‘Bajar la edad, subir las penas e incluir nuevos delitos en el Código Penal no sirve para nada’, afirmó. Al ser consultada por la prensa en el Salón Presidencial del Palacio de Tribunales, la jueza atribuyó la desidia del poder político en implementar leyes acordes al tema a que ‘los menores no dan votos’.”
Diario Popular – 04-12-08