Promediando la primera década del siglo nuevo y casi en forma imperceptible para los habitantes de las grandes ciudades, la siembra de soja se convirtió en el negocio agrario más rentable debido al aumento de los precios internacionales. Si bien el conjunto de los productos primarios se beneficiaron con ese incremento debido a la mayor demanda del mercado mundial, la oleaginosa en cuestión fue sin duda la “vedette.”

Así es que el impuesto a la exportación que afectaba a esa semilla en el mes de octubre de 2007, estaba en un 27%. Debido a la seguridad de que los productores obtendrían mayores beneficios, el gobierno de Néstor Kirchner elevó la alícuota al 35% en el mes de noviembre. Tal aumento en las retenciones por parte del Estado generó malestar en los medios rurales, pero fue aceptado. Finalmente el 10 de marzo de 2008 el ministro de Economía del gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lousteau, anuncia la aplicación de la resolución número 125 de su ministerio.

La medida eleva las retenciones a la soja al 44% y además tendrían carácter móvil. Esto significaba que si los precios internacionales superaban los 600 dólares la tonelada, el Estado se quedaba también con la diferencia por arriba de ese corte. Para tener una idea de los números en danza, basta con pensar que la cosecha de soja para 2008 se estimó en 48 millones de toneladas. Ese esquema de retenciones móviles incluían además al maíz, el trigo y el girasol.

A cambio de esas quitas, se preveía una serie de compensaciones que incluían retenciones menores por regiones, subsidios a los fletes y otras medidas. Pero el anuncio de la entrada en vigencia de “la 125”, hace estallar el conflicto. Las entidades que representan al conjunto de los productores agropecuarios y propietarios, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y una cantidad imprecisa de productores autoconvocados, rechazan la medida. El 11 de marzo comienza lo que se denomina “paro del agro” cuya manifestación más visible son los cortes de rutas.

La dureza del bloqueo provoca a los pocos día de haber comenzado, desabastecimiento de algunos productos esenciales como leche, carne, harina y derivados. Simultáneamente, se incendian campos en el sur entrerriano cuya humareda llega a Buenos Aires y obliga al cierre de rutas luego de varios accidentes fatales, complicando aún más el problema de tránsito en las autovías afectadas. Por los incendios se inician causas penales contra algunos ruralistas pero luego son sobreseídos por no poder probarse su responsabilidad en los hechos. Tanto el gobierno como los huelguistas endurecen sus posiciones hasta que a mediados de abril, las entidades proclaman una tregua de treinta días para negociar una solución favorable al sector.  

Cumplido el plazo, el campo retoma las medidas y en muchos puntos del Interior, particularmente Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires, las bases parecen superar a sus conducciones gremiales ya que éstas reconocen no poder controlar a sus representados. En el plano de la propaganda, los ruralistas realizan actos en ciudades económicamente vinculadas al agro, obteniendo la solidaridad de los vecinos en la mayoría de los casos. También pasacalles, ruedas pintadas, “volanteadas” al borde de rutas, completan el escenario para ganar adeptos.

Asimismo, el oficialismo consigue la adhesión de movimientos sociales, sindicatos, municipios del conurbano y los sectores políticos que lo acompañan. La Plaza de los dos Congresos, frente al palacio legislativo en pleno centro porteño, se ve poblado por carpas ruralistas y de organizaciones que apoyan al gobierno. En ellas se difunde propaganda, se realizan charlas informativas y actos proselitistas, convirtiéndose en una atracción turística más de la ciudad. En la medida que el conflicto se prolonga en el tiempo, las consecuencias se empiezan a hacer sentir en la caída de ventas de maquinaria agrícola y en la disminución de faena en los frigoríficos, y hasta el turismo se resiente en las zonas afectadas.

El 15 de junio frente al puerto de Buenos Aires, noventa grandes buques cargueros provenientes de distintos lugares del mundo, aguardaban una solución para poder cargar granos en Rosario y otros puertos cerealeros.

En Buenos Aires y otras grandes ciudades, se registran algunos “cacerolazos” que no llegan a tener gran relevancia, ya que casi simultáneamente, los conatos de movilización opositora a la Plaza de Mayo son desarticulados por la llegada al histórico solar de manifestantes afines al gobierno.

La oposición política prácticamente en bloque se solidariza con los ruralistas que a esa altura del conflicto y por boca de algunos de sus voceros, piden desde la derogación de “la 125” hasta la discusión de un nuevo modelo de país. Algunos gobernadores peronistas e importantes dirigentes de esa corriente, cuestionan la posición gubernamental y finalmente, el proyecto de ley sobre las retenciones móviles es girado al Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario. El gobierno obtiene la aprobación del mismo en la Cámara de Diputados pero en la madrugada del 17 de julio, en una histórica sesión por sus características, el proyecto oficial es derrotado en el Senado de la Nación por un voto: el del vicepresidente de la Nación Julio Cobos que desempató votando en contra de la propuesta gubernamental.

Días después, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, derogó por decreto la resolución 125. En el camino quedaron fuera del gobierno nacional, renuncia mediante, el ministro de Economía Martín Lousteau, el jefe de Gabinete Alberto Fernández y otros funcionarios de menor jerarquía.
Libro Pintadas Puntuales – Roberto Bongiorno – Ángel Pizzorno – Testimonios – 2020