El 28 de junio de 1966 el presidente de la Nación Arturo Illia, fue derrocado por las Fuerzas Armadas. El golpe fue uno de los más anunciados de la historia reciente y el triunvirato de Comandantes en Jefe integrado por el general Pascual Pistarini, el almirante Benigno Varela y el brigadier Adolfo Álvarez, delegó la suma del poder en el general retirado Juan Carlos Onganía. Por primera vez un gobierno de facto no se define como provisional, se auto titula “Revolución Argentina”. El general Onganía accedió a la máxima responsabilidad (teniente general) del Ejército, después de imponerse a sucesivas intentonas de alzamiento para instalar una dictadura indefinida por parte de los llamados “colorados”; enquistados en la Armada en bloque y sectores de la fuerza de tierra. Lo curioso es que una vez en el poder, Onganía y los militares triunfantes en aquellos enfrentamientos, también se propusieron una dictadura indefinida.

Onganía pudo disciplinar a las Fuerzas Armadas que desde 1955, se debatían en luchas de facciones que en 1962 y 1963 llegaron a graves choques armados. Ante la opinión pública Onganía era un hombre de orden. Su principal error tal vez, fue confundir a la sociedad civil con la tropa cuartelera. En el imaginario onganiano, el “orden” fue el valor supremo. La política, las contradicciones y la dinámica propia de cualquier sociedad moderna y democrática, fueron reemplazadas por croquis piramidales con la jerarquía militar (él mismo) en la cúpula de la pirámide, tomando decisiones que comprometían a la nación entera y sus instituciones, a someterse a un proceso que según palabras del autócrata “No tenía plazos sino objetivos”.

De acuerdo a esos esquemas que el hombre dibujaba complacido ante sus subordinados, el futuro argentino estaba obligado a atravesar tres tiempos: el económico, el social y finalmente, el político; el plazo, unos veinte años.

Los jueces y los funcionarios de la dictadura debían jurar lealtad al Acta de la Revolución Argentina, por encima de la Constitución Nacional, fueron disueltos el Congreso de la Nación y los partidos políticos. El presidente de facto reunió en su persona, los poderes Legislativo y Ejecutivo, contando con el apoyo incondicional del poder militar. Los gobernadores que habían sido elegidos democráticamente, fueron reemplazados por “delegados” del Poder Ejecutivo Nacional. En política externa, se alineó automáticamente con Estados Unidos en la Guerra Fría e implementó la doctrina de la Seguridad Nacional en el plano interno. Según ésta teoría importada desde el país del norte y enunciada por él mismo el 7 de agosto de 1964 en la Academia Militar de West Point en EE. UU., la Fuerzas Armadas no están obligadas a acatar el gobierno constitucional si se producen “desbordes al amparo de ideologías exóticas”, haciendo gala de la paranoia anticomunista que caracterizó al poder militar en aquellos años. Vale recordar que en 1964 Onganía era Comandante en Jefe del gobierno de Arturo Illia; pero el poder civil no reaccionó y toleró ese desplante cuasi subversivo del uniformado. Y un aspecto tenebroso más puesto en marcha el 28 de junio de 1966, fue la campaña “moralizadora” que padeció la población; censura de libros, cine, vestimenta y una obsesión ordenancista a la que la Universidad no podía ser ajena; y finalmente le llegó el turno a los claustros.

Las ocho universidades nacionales existentes, florecían pese a las limitaciones económicas y los vaivenes políticos, pero para los sectores del poder real (económico y militar) las aulas eran refugios “comunistas”. Haciendo abstracción de la realidad mundial, los elementos más reaccionarios veían en cada movilización estudiantil un atentado al sistema; en todo caso un sistema democrático restringido, ya que Arturo Illia pudo acceder al gobierno gracias a la proscripción del peronismo, obteniendo un magro 25 por ciento de votos; pese a la infiltración policial permanente en las casa de estudio, denunciada por los organismos estudiantiles, seguía funcionando el gobierno tripartito y la autonomía universitaria. Pero los estudiantes habían ganado la calle manifestándose contra la guerra de Vietnam, por mayor presupuesto, contra la intervención norteamericana a Santo Domingo en 1965, en apoyo a la Revolución Cubana y otros motivos que molestaba seriamente a quienes aspiraban a “desterrar” la política de los claustros.

Las autoridades universitarias en la misma noche del 28 de junio de 1966, fijaron posición ante el asalto al poder perpetrado por las FF.AA. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), condenó la asonada diciendo entre otras cosas: “El movimiento militar que destituyó al presidente de la Nación, separó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y disolvió el congreso de la Nación y los partidos políticos, haciendo tabla rasa con la Constitución y las Leyes, no hará sino retrasar en muchos años el progreso del país y frustrar a ésta generación de argentinos en nombre de un pretendido providencialismo verticalista” (1). Proféticas palabras que los uniformados no olvidarán, entre otras muchas cuestiones a la hora de asaltar las facultades.

De todos modos, la intervención a las universidades se demoró inexplicablemente, ya que eran el blanco preferido de la flamante dictadura. Pero como las casas de altos estudios permanecían como islas rodeadas de un asfixiante clima represivo, el 29 de julio de 1966 mediante el decreto – ley N° 16.912 firmado por Onganía, se anuló el gobierno tripartito (docentes, egresados y alumnos) y convertía a las autoridades universitarias en simples delegados interventores del Ministerio de Educación de la Nación. El rechazo inmediato fue encabezado por el rector de la UBA, ingeniero Hilario Fernández Long, seguido por sus asesores y una legión de calificados docentes y ayudantes. El estudiantado que aguardaba ese momento desde hacía un mes, se constituyó en asamblea en las distintas facultades.

Algunas decidieron seguir con las clases; otras como la antigua facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Perú y Moreno, en el Centro porteño, llevaron adelante la toma del edificio para impedir la intervención; lo mismo hicieron los alumnos de Medicina. En Exactas cursaban unos 1500 alumnos con fuerte capacidad de movilización y ese claustro estaba sindicado por la inteligencia policial, como una “cueva bolchevique”; por el presunto protagonismo de la militancia progresista o de izquierda.

Pero más allá de estar en la mira represiva, el 9 de julio ( veinte días antes del asalto policial) se hizo un homenaje al general Julio A. Roca, en el monumento emplazado frente a la antigua facultad. Estaban presentes el general Onganía, altos jefes militares, autoridades eclesiásticas y funcionarios. En determinado momento, una lluvia de monedas lanzadas desde los altos del edificio, cayó sobre el gobierno en pleno e invitados especiales.

Una deuda más que las autoridades de facto se cobrarán con creces. Tomada la decisión de terminar con la autonomía universitaria, las fuerzas policiales procedieron a efectivizarla. Cinco facultades fueron allanadas pese a las barricadas y obstáculos puestos por los ocupantes, pero sin dudas la represión más feroz fue descargada sobre docentes y estudiantes de Ciencias Exactas.

Un estudiante cuenta que en el anexo de la facultad sobre la calle Moreno “Metieron una tanqueta y como era un galponcito de mierda, tiraron todo abajo -explica con bronca-.

Entonces nos escapamos de Moreno y volvimos a Perú, pero ya no podíamos entrar.

Estaba todo completamente bloqueado y la policía intentaba ingresar por el Decanato, en donde después golpearon al decano y a varios profesores que estaban reunidos en asamblea permanente” (…). “Ellos hicieron dos filas, desde la calle y los pasillos de la facultad hasta el patio central. A todos los que agarraron los hicieron pasar por el medio de las filas golpeándolos, y a las minas les tiraron golpes como para marcarlas” (2).

Las cifras oficiales de la refriega en Exactas fueron: 33 estudiantes y 17 policías heridos, además de 135 detenidos; incluídos varios menores. Unos 150 detenidos más se registraron en otras facultades.

Al escándalo local que en sí mismo generó el brutal asalto a las casas de estudio, se suma la repercusión internacional, potenciada por la golpiza recibida por un profesor estadounidense. En pocas horas se registraron más de 500 renuncias de profesores y autoridades. También la prestigiosa Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), quedó acéfala, ya que sus autoridades renunciaron en repudio a los sucesos y rechazando la intervención.

Aquel desgraciado episodio que provocó la mayor emigración de científicos calificados que había padecido hasta entonces nuestro país, fue sólo una premonición de lo que diez años más tarde, se abatirá sobre toda la sociedad argentina.

1) Historia de la Argentina / 1955 – 1966 – Crónica – Hyspamérica – Buenos Aires – 1992
2) La Noche de los Bastones Largos Sergio Morero – Ariel Eidelman – Guido Lichman, Documentos Página 12 – Buenos Aires – Julio 1996

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