Los Hechos
La calurosa mañana del 23 de enero de 1989, el país fue sacudido por una noticia que nos devolvía la preocupación de los últimos años, cuando los motines militares amenazaban con retrotraernos a un pasado no deseado por ningún argentino democrático. El Regimiento de Infantería Mecanizada 3, (RIMec 3) General Belgrano, con base en la localidad de La Tablada, en el conurbano bonaerense, estaba siendo atacado por elementos sospechados de “seineldinistas”. Es decir, seguidores del coronel Mohamed Alí Seineldín quien meses antes se había atrincherado en otro cuartel cercano, con reclamos similares a los de Semana Santa, entregándose poco después. Las primeras informaciones fueron muy confusas, pero los atacantes estaban en algunos casos vestidos con uniforme de combate similar al del Ejército y tenían en su poder, se presume que para lanzarlos durante la acción, volantes que los identificaban como adherentes al coronel aludido.

Pasada las seis de la mañana, un camión de Coca – Cola seguido por varios autos y dos camionetas cargadas de personas, se desplazaba por la avenida Crovara frente al regimiento, cuando al llegar a la puerta giró bruscamente y embistió el portón matando al soldado de guardia. Ingresó velozmente, seguido por los otros vehículos de donde descendieron los atacantes distribuyendose con rapidez en el predio. La respuesta militar fue rápida y se generó un tiroteo. La policía bonaerense alertada por los disparos comenzó a rodear la guarnición. Si la intención de los atacantes fue “golpear y desaparecer” inculpando a los carapintadas por la acción, fracasaron. Porque el bloqueo policial los obligó a “aferrarse” al terreno sin poder salir. En un hecho inédito, las acciones fueron transmitidas en directo por los medios de comunicación. Al mediodía, el diputado oficialista “Chacho” Jaroslavsky sostiene: “son de izquierda”. Curiosamente, el diario La Razón en su edición vespertina afirma con grandes titulares: “Resistencia final de los seineldinistas”. A esa hora, ya habían ingresado al cuartel un blindado, personal de cuadros y un cañón de 105 mm.  con el que se batían los edificios en poder de los intrusos. Algunos cuerpos diseminados en el terreno, confirman la sospecha de que el intento de copamiento no corrió por cuenta de militares. Durante toda la noche se mantiene el fuego por ambas partes y a las 9 de la mañana del martes, se habrían rendido 13 hombres y una mujer. Allí empieza a confundirse la información, ya que con posterioridad, se denuncian cuatro desapariciones y presuntos fusilamientos de personas apresadas vivas. La lucha duró 26 horas y 45 minutos. El saldo de muertos habría sido de 27 atacantes, nueve militares, dos policías y dos civiles que serían ajenos a los hechos. También se registran más de cien heridos y el dato estremecedor de cuatro desaparecidos. Organismos de Derechos Humanos denuncian torturas a los detenidos y fusilamientos. El cuartel con instalaciones semiderruidas por incendios y disparos de artillería, fue recuperado por el Ejército.

Ya entonces se conocía la identidad de la fuerza atacante: el Movimiento Todos por la Patria.

El móvil político del ataque El Movimiento Todos por la Patria (MTP) fue fundado en 1986. Con una amplia convocatoria a todos quienes desearan luchar por una definitiva independencia y con un lenguaje alejado de las rígidas propuestas de la década de 1970, plantea como eje movilizador la defensa de la democracia y de los derechos humanos, para avanzar en reivindicaciones de mayor alcance. En su conducción participan ex militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Entre ellos y en condición de clandestino, el ex jefe militar del ERP, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Varios de esos cuadros político – militares, participaron en la revolución sandinista en Nicaragua. Nutren sus filas, militantes provenientes de otras expresiones de izquierda e independientes.

El 20 de enero, tres días antes del asalto al cuartel, el abogado Jorge Baños, hombre del MTP, circula por los medios de comunicación advirtiendo sobre un inminente golpe militar cuyo epicentro estaba en el Regimiento de La Tablada. La conspiración involucraría también al coronel Mohamed Seineldín, al candidato justicialista en las próximas elecciones presidenciales, Carlos Menem y al dirigente sindical Lorenzo Miguel. Según esta especie, los golpistas aspiraban a sustituir al presidente Alfonsín con el vice Víctor Martínez o el político Arturo Frondizi. La denuncia que analizada décadas después parece delirante, se debe ubicar en la época. La indisciplina militar y el recuerdo fresco de la dictadura, hacían creíble cualquier denuncia. Vale recordar que en 1983, el radicalismo denunció un presunto “pacto cívico militar” entre la dirigencia peronista y sectores militares para interrumpir el proceso electoral o darle facilidades al justicialismo. El supuesto complot nunca pudo ser comprobado, pero al radicalismo sin dudas, le sumó votos. El desquicio económico que padecía el país sumado a las intrigas de los uniformados, en 1989 daban crédito a cualquier rumor.

El argumento oficial del MTP reiterado en sede judicial, fue que su intención era abortar un presunto alzamiento carapintada para asesinar dirigentes progresistas y de izquierda y como se ha señalado, reemplazar al presidente de la Nación. El MTP con esa acción, se adelantaba a los sediciosos estimando que el pueblo seguiría su ejemplo, adoptando masivamente una actitud insurreccional. El argumento no resiste el menor análisis político.

En particular cuando proviene de gente que en algunos casos, tenía largo fogueo político – militar y experiencias internacionales revolucionarias.

Otra teoría sostiene que el MTP habría sido “víctima” de una operación de inteligencia cuyos instigadores, se pierden en la nebulosa conspirativa. Los objetivos pudieron ser: desestabilizar al gobierno “por izquierda” para reforzar el rol militar; otra lectura piensa que a los viejos erpianos les hicieron “pisar el palito” para masacrarlos en un típico pase de factura, y por elevación, restarle autoridad al presidente. Cualquier interpretación puede ser o no cierta. Lo concreto es que el jefe máximo, Gorriarán Merlo ratificó en muchas entrevistas y en sus Memorias, el argumento de que para defender la democracia, se adelantaron al golpe militar que se gestaría en La Tablada. Otra interpretación, es que el MTP intentó posicionarse políticamente generando un hecho militar que conmoviera a la sociedad.

Más allá del saldo de víctimas, 23 miembros del MTP fueron condenados en juicio sumario con diversas penas, incluyendo cadena perpetua. Entre los hallados culpables se contó el sacerdote Antonio Puigjané, quien no habría participado de la acción.

En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció violaciones a los derechos humanos perpetrados en la recuperación del cuartel. Tres años más tarde, el presidente Fernando De La Rua reconoce el incumplimiento de la garantía del debido proceso. En diciembre de 2000 el mismo presidente conmutó las penas de los condenados que permanecían en prisión, menos dos de ellos que recuperaron la libertad en 2006.

Otro presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, en mayo de 2003 mediante el Decreto 1230/03 indultó a todos los condenados de La Tablada y a 9 militares carapintadas que seguían en prisión, por el alzamiento de 1990. También Enrique Gorriarán Merlo y el ex coronel Mohamed Seineldín fueron indultados.

Finalmente, en 2008 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 1578/08 para que se investiguen las desapariciones forzadas de La Tablada. A raíz de ello, fue condenado a prisión perpetua el general Alfredo Arrillaga, a cargo de recuperar la unidad y a quien se responsabilizó por al menos un caso, el de José Díaz. Arrillaga cargaba también con varias condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado.

En el año 2021 en aquel predio trágico y rodeado de ruinas, se levanta un hipermercado.