Cuando el 10 de diciembre de 1983 el Dr. Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, después de los siete años más tenebrosos que recuerda la Argentina en el siglo XX, una mezcla de alivio, alegría y también tristeza, recorrió el ánimo del pueblo argentino.

El alivio fue por volver a “ver el sol” de la vida en democracia, después de estar cubiertos largos años por una pesada lápida, que no es sólo una metáfora, durante demasiado tiempo.

La alegría teñida de esperanza, fue una consecuencia lógica de lo anterior, es casi un instinto de vida.

“… Estamos podridos / de tanto dolor”. Cantaba en las calles un sector de las Juventudes Políticas en los días previos a esa elección histórica. Sin duda fue demasiado el dolor padecido, como para que la experiencia se procesara livianamente. Por eso la tristeza. Por los que ya no estaban, por el daño profundo hecho en el cuerpo y el ánimo, a una sociedad que ya nunca volvería a ser la misma.

Pero también ensombreció el ánimo de muchos argentinos y argentinas en aquellos días -sobre todos los que conocieron la fuerza de los factores de poder antidemocráticos desde 1955 en adelante- el registro histórico que no olvidó la alternancia de dictaduras brutales y gobierno civiles débiles. Recordemos también que en la mayoría de los casos, buena parte de la civilidad generó consenso para los golpes cívico – militares triunfantes.

Pero aquel 10 de diciembre estaba preñado de buenos deseos del conjunto de nuestro pueblo; ganadores y derrotados en la compulsa democrática del 30 de octubre de ese año, celebraron por igual la recuperación de las instituciones democráticas.

No obstante, el futuro inmediato no sería fácil. La herida más lacerante, una llaga viva en la castigada piel argentina, fue la necesidad de juicio y castigo a los genocidas de la dictadura.

Desconocer la criminalidad de éstos actos, para cualquier gobierno significaría convalidar el horror y dejar abierta mediante el expediente de la impunidad, la puerta para el eterno retorno de quienes siempre se opusieron a un país democrático y participativo, mediante el instrumento militar, judicial o mediático; o la combinación oportuna de todos éstos factores de presión sobre los gobiernos constitucionales.

El día después de la instalación del gobierno surgido de la voluntad popular y cuando la sociedad comenzó a conocer el mapa social y económico real, el panorama no podía ser más desolador: más de cuarenta mil millones de dólares de deuda externa, cuando el 24 de marzo de 1976 ese débito rondaba sólo los siete mil millones de la misma moneda.

La destrucción del aparato productivo nacional mediante el Plan Martínez de Hoz (1976) al comienzo de la dictadura, auge de la especulación financiera, endeudamiento sideral, “racionalización” de servicios públicos y despidos masivos, bajo la cobertura de un discurso de economía liberal ortodoxa cuyo fracaso por experiencias anteriores, era previsible, como también sus consecuencias en el largo plazo. El marco indispensable para semejante cambio de la matriz productiva argentina, fue el terrorismo de Estado aplicado sin restricciones a cualquier voz que cuestionara el modelo. Su pretexto: la lucha “antisubversiva”. La fuga hacia adelante del gobierno de facto ante el grado de destrucción interna y los crímenes cometidos, fue la Guerra de Malvinas, con los resultados conocidos por todos.

Por lo tanto, fue imposible llegar a ese 10 de diciembre sin sombras en acecho.

No olvidar que la dictadura poco antes de la entrega del gobierno, había proclamado una “autoamnistía”, liberando de culpas y cargos, a todos los implicados en la represión ilegal. El flamante gobierno por Ley N° 23.040 del Congreso de la Nación, derogó esa aberración jurídica decretando su nulidad, y la Justicia comenzó la citación de los acusados en todos los niveles. Así llegó el histórico Juicio a las Juntas Militares y su síntesis: el “Nunca Más”.

El hecho inédito de sentar en el banquillo a los uniformados que además habían usurpado el gobierno desde 1976, dio credibilidad al gobierno y confianza en la recién recuperada democracia.

Los sucesivos alzamientos de militares subalternos, exigiendo una “solución política” a los juicios, concluyeron con la sanción de las leyes conocidas como “De Punto Final” y “Obediencia Debida”, desprocesando a gran cantidad de acusados por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura.

El golpe de gracia al intento de colocar a la Justicia como fiel de la balanza, se terminó de consumar con los indultos concedidos por el siguiente gobierno entre 1989 y 1990, liberando a los jefes militares que aún estaban en prisión y a los escasos ex líderes guerrilleros. El argumento político – filosófico del Poder Ejecutivo, fue la necesidad de cerrar el pasado mediante éstas leyes de “perdón”. Para gran parte de nuestra sociedad, se trató simplemente de consagrar la impunidad. Recién en el año 2003 y bajo otro gobierno, el Congreso Nacional derogó esas normas de impunidad y las causas volvieron a fojas cero, condenando la Justicia a gran parte de los acusados en la década de 1980.

La desactivación del poder militar como elemento de presión sobre el sistema democrático, hoy parece definitivo. No obstante, nuevos instrumentos desestabilizadores continúan condicionando a las democracias regionales que no pueden terminar de consolidarse.

Poderosos factores de poder, reconocibles en los ámbitos económicos, judiciales y mediáticos, interfieren a lo largo del continente en el libre juego de las instituciones.

También las crónicas deudas sociales y los condicionamientos económicos externos, conspiran para que el concepto de sociedad democrática alcance toda su plenitud.

La democracia argentina reconquistada a un elevadísimo precio, cuarenta años después no puede ser negociable, ni mucho menos condicionada o sometida. Por tal motivo sólo la participación activa de nuestra ciudadanía, en forma cotidiana y en todos los ámbitos de la vida social y con el ejercicio del voto en forma regular, puede garantizar la salud democrática de nuestra Patria.

Ese es el desafío de la hora.