La Ley y la Tarjeta
En las elecciones presidenciales de 1999, la fórmula de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (La Alianza) representada por Fernando De La Rua (UCR) – Carlos “Chacho” Álvarez (FREPASO) se impuso a la dupla del Partido Justicialista (PJ) Eduardo Duhalde – Ramón Ortega por una decena de puntos. El tercer lugar lo ocupó Domingo Cavallo (liberal) con el 10,22 por ciento de los sufragios. El espacio ganador planteaba un programa moderadamente progresista: algunos retoques económicos en función de mejorar la distribución del ingreso, respetar la paridad un peso – un dólar, el “uno a uno”, no cuestionar la privatizaciones de los servicios públicos y otras medidas de menor trascendencia. Pero desde el comienzo de la gestión delaruísta con José Luis Machinea al frente del Ministerio de Economía, quedó claro que el tema económico era prioritario. Una creciente recesión que venía de arrastre conspirando contra la recaudación fiscal y los próximos vencimientos financieros, la devaluación que implementó Brasil y afectó directamente nuestras exportaciones debido a la sobrevaluación artificial del peso, decidió al gobierno a financiar el déficit fiscal tomando mayor deuda externa.

El nuevo financiamiento imponía condiciones leoninas: reducción de salarios del ámbito estatal entre el 12 y el 15 por ciento, elevó impuestos regresivos y redujo drásticamente el gasto público entre otras medidas de fuerte sesgo liberal. Con ese brutal ajuste en medio de una economía en recesión, De La Rua pretendía reducir el gasto público de 11.000 millones de pesos (equivalentes a dólares) a 5.000 millones anuales, mientras el “uno a uno” se mantenía bajo presión. La inquietud social evidenciada en la desocupación en aumento, tenía su correlato en las luchas sindicales y los cuestionamientos políticos de la oposición y de algunos sectores de la propia Alianza. Una de las medidas que detonará la coalición gobernante, es la nueva Ley de Contrato de Trabajo que si entraba en vigencia tal cual la planteó el oficialismo, arrasaría con conquistas históricas de los trabajadores.

La norma incluía viejas recetas, como la ampliación del período de prueba en los empleos de 3 a 6 meses renovables, posibilidad de establecer convenios por empresas en vez de hacerlo por rama o actividad, debilitando a los sindicatos y algunas otras cláusulas, que en conjunto apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

Si bien la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) estaba dispuesta a acompañar la reforma realizando algunos cambios, un sector del Movimiento Obrero (Movimiento de Trabajadores Argentinos) liderado por el camionero Hugo Moyano entre otros, enfrentó la propuesta con paros y movilizaciones.

Por la importancia de las reformas contenidas en el proyecto, el oficialismo necesitaba asegurarse la mayoría en ambas cámaras legislativas. Finalmente, la nueva ley con el número 25.250 fue aprobada por el Senado de la Nación el 26 de abril de 2000 y por Diputados el 11 de mayo del mismo año; oponiéndose legisladores peronistas y del sector frepasista de la Alianza.

Poco después un dirigente sindical denunció públicamente que el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, en un encuentro circunstancial antes del tratamiento de la ley le habría comentado que para conseguir el voto favorable de los senadores tendrían la “Banelco”, refiriéndose a las tarjetas de crédito que operan con esa red, el dinero plástico. Se entiende que la metáfora debe traducirse como coima. El ministro negó ese diálogo; no obstante el gremialista insistió en la veracidad de ese comentario. El presunto episodio cobró ribetes de escándalo y en octubre del mismo año, el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su cargo, pidiendo a los funcionarios que respondían a su conducción, que permanecieran en los cargos tratando de evitar el estallido de la Alianza. De todos modos, el gobierno sólo sobreviviría poco más de un año.

El Derrumbe de la Alianza
En diciembre de 2000 De La Rua consigue lo que llama un “blindaje financiero” renegociando 25.000 millones de dólares. La contraparte del salvataje es profundizar el ajuste echando mano al sistema previsional, compromiso de congelar el gasto público por cinco años, pacto fiscal con los gobernadores. El “mercado” responde fugando capitales del sistema financiero y paralelamente, cae la recaudación impositiva.

El 3 de enero del nuevo año, renuncia Machinea y lo reemplaza otro liberal de origen radical: Ricardo López Murphy. El hombre por la dureza de las medidas que decide aplicar, entre ellas el despido de 40.000 empleados públicos, recortes educativos, eliminación de pensiones graciables salvo invalidez y otros recursos que sólo sirven para avivar el incendio, debió renunciar a los 15 días.

La gestión De La Rua está inmersa en una profunda crisis de credibilidad. Su último recurso es convocar a Domingo Cavallo. El padre de la convertibilidad que se fue con Menem dejando una desocupación muy elevada, dos dígitos,de pobreza y un país desindustrializado, es convocado por la Alianza que en su campaña electoral se presentó como la alternativa a ese modelo. Cavallo pese a su carácter de “superministro” y la cuota de confianza que por breve tiempo le inyectó al stablishment, tampoco pudo controlar el desmadre. Aplica nuevas medidas de ajuste que ya resultan insoportables para el cuerpo social. Su plan “Déficit Cero” ordena al Estado a gastar sólo lo que recauda. Al suspenderse las transferencias de fondos de la Nación a las provincias, éstas comienzan a emitir bonos para afrontar pagos a proveedores y salarios. Ante la falta de resultados, Cavallo dobla la apuesta y negocia el llamado “Megacanje”. Este nuevo convenio con los acreedores externos permite extender plazos de pago pero con importantes aumentos de intereses y obtener algo de dinero fresco. Cuando el fuerte retiro de ahorros de los bancos hace vislumbrar una crisis financiera, el 30 de noviembre de 2001 el gobierno aplica una de las medidas más impopulares que se tenga memoria: el “corralito”, al que más adelante siguió el “corralón”, profundizando las restricciones. El “corralito” fue una retención obligada de depósitos en las entidades financieras. Sólo puede retirarse un máximo de 250 pesos semanales; redondeando a fin de mes un sueldo promedio. Nuestro signo monetario seguía al menos formalmente, valiendo un dólar. También se permitió operar con el total de los montos depositados, pero sólo dentro del sistema bancario. Entonces, los sectores medios cuyos ahorros quedaron atrapados en los bancos, comienzan a sumarse a protestas y movilizaciones que hasta entonces las lideraban los movimientos sociales y los gremios.

Una de las consignas que resonaron con más frecuencia fue:

“Piquete y cacerola
la lucha es una sola”.

Unificando los piquetes callejeros y los cacerolazos. A las protestas se agregan los primeros saqueos a comercios de comestibles en el Interior y el conurbano bonaerense.

La debacle inminente obliga a De La Rua a convocar a otras fuerzas políticas pero ya es tarde. La renuncia al gobierno es el único camino de lo que queda de aquella extraña Alianza liberal – progresista. La respuesta del presidente es el Estado de Sitio decretado el 19 de diciembre. La represión policial provoca una treintena de muertos en la Ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano y en ciudades de provincias. El presidente renunció en la noche del 20 de diciembre. Ni el alejamiento previo de Cavallo impidió el derrumbe.

Es un fin de año caliente, con grupos recorriendo las calles y un estribillo que circula por todas partes: “Que se vayan todos… que no quede, ni uno solo”.

Una maratónica sucesión de presidentes provisionales aseguró la continuidad institucional.

El presidente interino Eduardo Duhalde implementó una mega devaluación que volatizó la ficción del “uno a uno”. La pesificación forzada de los depósitos en dólares representó un golpe durísimo para los ahorristas, pero salvó al sistema financiero. En mayo de 2003 Argentina retomó la normalidad constitucional, al ser electo Néstor Kirchner para presidente de la Nación.

La “Banelco” en Tribunales
Con motivo del affair “Banelco” se abrió una causa penal, pero el juez federal Carlos Liporaci sobreseyó a varios de los ex senadores imputados pertenecientes a las bancadas UCR y PJ. A su vez la Cámara Federal revocó el sobreseimiento, ordenando a Liporaci sólo dictar falta de mérito, para mantener abierta la causa y seguir investigando. Algunos involucrados comienzan a quebrarse. El ex Secretario Parlamentario del Senado en la gestión De La Rua, Mario Pontaquarto, afirmó a una publicación que fue parte de la maniobra “Banelco” transportando varios millones de dólares de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) destinado a algunos legisladores, a cambio de brindar su voto positivo para la ley de reforma laboral. Parte de ese dinero sería también para el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, según declaró Pontaquarto.

En 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner la ley “Banelco” fue derogada y comenzó a regir otra con nuevos contenidos.

En el año 2007 el juez Daniel Rafecas procesa a Mario Pontaquarto, Fernando De La Rua, Fernando De Santibañez (ex titular de la SIDE), Alberto Flamarique (ex ministro de Trabajo) y los senadores Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda. En 2013 todos los imputados fueron absueltos al no encontrarse evidencias firmes de los dichos de Pontaquarto. La Cámara de Casación confirmó las absoluciones en 2015.

Referencias
“Por la inmediata anulación de la ley Banelco y la cárcel para De la Rúa”. Con esta consigna, militantes de Izquierda Unida (IU) se movilizarán hoy a las 17 hacia el Congreso para realizar un escrache a Senado, donde se reavivo el escándalo por el pago de sobornos para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en abril de 2001. “Esta ley perjudicó a millones de trabajadores”, explicaron miembros de la IU, que anunciaron que hoy utilizarán una réplica gigante de la tarjeta Banelco para recordar la expresión atribuida por Hugo Moyano, en los tiempos en los que la iniciativa se encontraba frenada en la Cámara alta, al entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique: “Para los senadores tengo la Banelco.”
Página 12- 19-12-03 – Contra la “Ley Banelco”