La reciente noticia sobre Sebastián Solorza, actor con síndrome de Down que aspira a ser candidato presidencial en Chile, trasciende las fronteras de ese país y se convierte en un símbolo regional de lo que significa ejercer ciudadanía plena sin barreras.

Discapacidad Sin Barreras
Su postulación nos interpela directamente: ¿por qué todavía existen Estados que insisten en limitar la participación política de las personas con discapacidad?

Las sociedades democráticas solo pueden ser verdaderamente inclusivas cuando garantizan la igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada por Argentina mediante la Ley N.º 26.378 y con jerarquía constitucional a partir de la Ley N.º 27.044, es clara: los Estados deben asegurar la participación política sin discriminación. Negar este derecho, de manera directa o indirecta, es negar humanidad, es retroceder a épocas de tutelas y exclusiones.

La candidatura de Solorza no debería ser vista como una excepción llamativa, sino como una consecuencia natural de vivir en sociedades donde los derechos no se fragmentan según las capacidades. La política es el espacio en el que se definen los destinos colectivos; excluir a un sector de la población es consolidar desigualdades. Como bien señala Palacios (2008), la discapacidad no reside en el cuerpo de la persona, sino en las barreras que la sociedad construye.

El desafío no es solo normativo, sino cultural. Persisten prejuicios que imaginan a las personas con discapacidad como sujetos “incapaces”, cuando en realidad lo incapaz es el sistema que no sabe brindar apoyos. Tal como indica el artículo 12 de la CDPD, los Estados deben reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, lo que implica que nadie puede ser privado de participar en la vida pública por tener un diagnóstico.

Garantizar la inclusión política de las personas con discapacidad es un imperativo democrático y de derechos humanos. La igualdad no se negocia: los derechos son indivisibles y deben protegerse con la misma fuerza para todos, sin distinción. En tiempos donde resurgen discursos de exclusión, la figura de Solorza nos recuerda que la verdadera democracia se mide en cuántas voces distintas somos capaces de escuchar.

Hoy más que nunca, el compromiso de los países debe ser derribar las barreras invisibles y visibles que aún persisten. No se trata de otorgar privilegios, sino de cumplir con lo básico: asegurar que las personas con discapacidad vivan, sueñen, participen y gobiernen en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano.

Por Marcela Augier,
Doctorando en Discapacidad y Diplomada en Derechos Humanos (OEA)