Los programas estatales y las obras sociales cubren apenas lo básico. Las prestaciones odontológicas no suelen incluir rehabilitaciones integrales o prótesis funcionales, y muchas veces se rechazan con el argumento de ser “estéticas”.

La Odontología en Argentina: Cuando la Salud se Convierte en Lujo
En la Argentina, ir al dentista se volvió un privilegio. Los costos siderales, la falta de cobertura integral y la tendencia a considerar la odontología como una práctica “estética” colocan a millones de personas fuera del acceso al derecho a la salud. Lo que debería ser una atención básica se transformó en una cuestión de consumo, dejando en evidencia un sistema que vulnera derechos fundamentales y humanos.

La Ley 17.132 (1967) define el ejercicio de la odontología como parte del ámbito sanitario: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades buco-dentomaxilares. A su vez, la Resolución 440/2017 del Ministerio de Salud reconoce que la pérdida de piezas dentarias es una condición discapacitante, y la Resolución 2363/2020 crea el Consejo Consultivo Honorario de Salud Bucodental para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, la práctica real va en sentido contrario: la atención bucodental suele interpretarse como un lujo y no como parte esencial de la salud pública.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y el artículo 42 de la Constitución Nacional obligan al Estado argentino a garantizar el acceso al nivel más alto posible de salud física y mental. Reducir la odontología a la estética vulnera esos principios.

Según datos del portal oficial del Ministerio de Salud de la Nación, solo cuatro de cada diez argentinos asisten al odontólogo al menos una vez por año (El Litoral, 2024). Un estudio epidemiológico (Acta Odontológica, 2014, p. 5) revela que los adultos presentan un promedio de 3,73 ± 4,28 caries, y la enfermedad periodontal afecta a casi el 80 % de la población ([Argentina Investiga, 2018, p. 2]). Los costos refuerzan la exclusión: de acuerdo con los aranceles mínimos del COSUCOBA (2024), una obturación cuesta más de $20.000 y una prótesis completa supera los $230.000.

Mientras tanto, los programas estatales y las obras sociales cubren apenas lo básico. Las prestaciones odontológicas no suelen incluir rehabilitaciones integrales o prótesis funcionales, y muchas veces se rechazan con el argumento de ser “estéticas”. Este sesgo económico y cultural genera una discriminación indirecta: quienes tienen menos recursos o una discapacidad funcional quedan relegados de tratamientos necesarios para hablar, alimentarse o socializar dignamente.

La salud bucodental es un componente del bienestar general y del ejercicio de otros derechos: alimentación adecuada, trabajo, educación e inclusión social. Desatenderla equivale a negar la igualdad real ante la ley.

Revertir este escenario requiere políticas públicas concretas:

1. Actualizar datos nacionales sobre prevalencia y acceso a la salud bucodental.

2. Incorporar la odontología funcional al Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.

3. Regular los aranceles y garantizar atención gratuita o subsidiada en el sistema público.

4. Reconocer el carácter discapacitante de la pérdida dentaria y promover la rehabilitación integral.

5. Formar profesionales con enfoque en derechos humanos, no en estética mercantilizada.

Cuando la odontología se trata como estética y se cobra como lujo, el sistema de salud pierde su razón de ser. No hay equidad, ni justicia, ni dignidad. Hay mercado.

Por Marcela Noemí Augier
Abogada – Especialista en Salud y Discapacidad
Doctoranda en Discapacidad – Universidad Favaloro
Diplomada en Derechos Humanos – OEA (2025)