En los últimos años, sus declaraciones fueron fundamentales y permitieron condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad. Durante la última dictadura cívico-militar, miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas en todo el país. Ante el pacto de silencio de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, su voz puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes. Es por eso que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó una nueva convocatoria a hombres que hicieron la conscripción entre 1975 y 1983.

Quienes tengan información para aportar sobre lo que vieron, escucharon y conocieron en esos años, por mínima que sea, pueden contactarse por mail o por teléfono a fuicolimba@jus.gob.ar o al (011) 5300 4139 Las denuncias recibidas tendrán el carácter de confidencial para garantizar la seguridad y la contención adecuada.

La campaña tiene además un espacio destacado en el sitio institucional de la  Secretaría (https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos), con entrevistas a tres ex colimbas y los microrrelatos animados realizados a partir de declaraciones de ex soldados en los juicios. En los últimos años, los testimonios de quienes hicieron el servicio militar obligatorio durante el terrorismo de Estado fueron muy importantes para el avance de los juicios, en especial en la investigación de los crímenes cometidos en Campo de Mayo, en la que sobrevivientes y familiares realizaron las primeras convocatorias a ex conscriptos. La causa “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo”, por ejemplo, se basó en sus declaraciones para conocer el funcionamiento de vuelos clandestinos utilizado por el Ejército y poder condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601.

Fui colimbaFui colimba En el juicio por los crímenes del grupo de tareas del Regimiento de Mercedes, permitieron reconstruir un gigantesco operativo represivo en una casa que funcionaba como imprenta secreta del PRT – ERP en la localidad de San Andrés y tres ex oficiales del Ejército fueron condenados por el secuestro y torturas a dos personas y un homicidio.

Las ex colimbas también fueron importantes para probar la planificación y la participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de la quinta “La Pastoril”, en el que fueron secuestrados 8 militantes del PRT-ERP y otros 7 fueron asesinados.

Esta es la segunda campaña impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos.

La anterior fue realizada en 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”, y permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que sumaron información y datos relevantes para avanzar sobre los juicios.

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